Violación a la privacidad
Para que exista una empresa que comercializa datos personales, tiene que haber un ente público que la ha recogido y vendido.

El escándalo se desató por una publicación de prensa. Los servicios de seguridad en Estados Unidos compran información a empresas que comercian con datos particulares. La venta alcanzó los 18 millones de registros que incluyen información como nombre, fecha y lugar de nacimiento, nombres de los padres, antecedentes en algunos casos y así la historia crediticia de las personas.

Iduvina Hernández

Y resulta que una de las innovadoras empresas que lucran con datos privados es orgullosamente guatemalteca. Nada más elocuente para ilustrar esa enorme vocación de espionaje y control que ha caracterizado a las autoridades de este país.

Los empresarios, creativos como son, tienen su página de Internet y le ofrecen por un costo de entre 40 y 100 dólares, un número determinado de consultas en las cuales usted puede saber nombres, direcciones, teléfonos usados por una persona o relacionados con el teléfono que ésta utiliza.

También puede saber su historia crediticia y comercial, conocer los nombres de sus familiares, así como los lugares en los cuales ha trabajado. Igualmente puede averiguar la cobertura que esta persona tiene en la prensa. En fin, en esta vorágine de comercialización, si usted paga, puede volverse espía hasta de su mamá. Eso sí, usted tampoco está libre de que otras personas que también tengan la plata, le espíen a usted y le averigüen hasta la talla de ropa interior.

Eso sí, ni se le ocurra reclamar que le rectifiquen datos. Aunque la empresa esté equivocada en una información (con lo cual vende datos falsos), si hay error, el corregirlo le cuesta a usted, no a ellos, los inocentes empresarios que se dejaron embaucar por quien les facilitó los datos erróneos.

Y este, es ni más ni menos, el origen del asunto. Para que exista una empresa que comercializa datos personales (información proporcionada por terceros con carácter de confidencia), tiene que haber un ente público que la ha recogido y vendido. Como se ve, por lo menos la Municipalidad capitalina ya confesó haber lucrado con los datos del Registro. Sin embargo, la información comercializada sin autorización de las personas cuyos datos son vendidos, no es sólo la del Registro Civil.

Hay otros datos que provienen de distintas fuentes del Estado. ¿Recuerda cuando la Secretaría de Análisis Estratégico –SAE- presentó un archivo encontrado en sus computadoras? Según los técnicos de la SAE, el archivo se habría generado en 1995, a partir de una base de datos construida mucho tiempo antes y con información de más de 650 mil personas.

Curiosamente, la empresa que negocia con la privacidad también se fundó en 1995 y presta, entre otros, el servicio de información sobre cobertura de prensa de las personas. Un dato que, según la SAE, también era manejado por los archivos que encontró.

Hasta ahora son varias las autoridades obligadas a responder por esta anomalía, pues la Constitución establece el derecho a la privacidad en los datos particulares proporcionados con carácter de confidencialidad. Carácter este con que la información personal es entregada al Estado, el cual tiene la gorda obligación de protegerla y evitar su uso con fines aviesos, como el lucro o la persecución política.

El Ministerio Público debe perseguir de oficio los delitos en que incurre el que vende la información en manos del Estado y el que comercializa esos datos sin autorización de la persona afectada.

Los contratos mediante los cuales esta información ha sido puesta en venta deben ser expuestos públicamente para deducir responsabilidades a quienes han violado la privacidad de las personas. Estas bases de datos no son instrumentos periodísticos, sino mecanismos de control y lucro ilegítimo de información personal privada.

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