Un dictamen contrasentido
Con ese dictamen, forzaron una posición adversa en el Legislativo y pusieron a Guatemala como un Estado fracasado, incapaz de cumplir con un compromiso internacional.

Las comisiones de Derechos Humanos (CDH), de Gobernación (CG) y del Congreso de la República emitieron un dictamen contra natura y fueron en sentido inverso a los principios que deben regirlas. Con un veredicto contrario al convenio suscrito entre el Estado de Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para crear una comisión que investigaría cuerpos ilegales en Guatemala, abrieron el camino para que el Legislativo desestimara el compromiso asumido.

Iduvina Hernández.

Lejos de cumplir con su papel de buscar el bien común, proteger los derechos humanos y la seguridad ciudadana, dichas comisiones votaron porque los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (escuadrones de la muerte) sigan operando en el país y se mantengan enquistados en las estructuras del Estado.

En particular, dieron vía libre para que estos monstruos heredados de la barbarie contrainsurgente queden infiltrados en altas posiciones de poder en las fuerzas armadas y sus estructuras de inteligencia, la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio Público (MP), el Organismo Judicial (OJ) e incluso, en la Municipalidad capitalina.

Gracias al voto de siete legisladores, la CDH del Congreso se pronunció contra la Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (Ciciacs). Después, en una reunión conjunta la CDH y la CG emitieron un voto negativo al convenio, sin consultar con la Corte de Constitucionalidad. La CDH y la CG quedaron arrinconadas por el miedo o, en el peor de los casos, por la complacencia con estos aparatos, que no son más que la continuación de los tenebrosos escuadrones de la muerte, ahora enriquecidos por el crimen organizado.

Para votar en contra de la Ciciacs ahora sí se unieron oposición y oficialismo. En la CDH, siete congresistas se opusieron a la comisión. Ellos son, Mauricio León Corado, del Movimiento Reformador (MR) de la alianza GANA, Édgar Rodríguez de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE), Carlos Yat del Partido de Avanzada Nacional (PAN), Efraín Asij del Partido Patriota (PP), también de la GANA, Antonio Arenales Forno, del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), Ricardo de la Torre Jimeno, del Partido Unionista y, Sergio Arnoldo Camargo, del Movimiento de Solidaridad Nacional (MSN), también integrante de la GANA.

De los siete, algunos podrán haber votado contra la Ciciacs por desconocimiento o presionados por la campaña desatada desde el coro del conservadurismo a ultranza. Algunos, sin embargo, lo hicieron obviamente por su vocación antidemocrática o por tener rabo de paja.

Esos serían los casos de Antonio Arenales Forno, defensor oficioso del genocida Efraín Ríos Montt y promotor de leyes de amnistía para favorecer la impunidad.

También sería el caso de Ricardo de la Torre, artífice del plan dirigido desde la presidencia de Álvaro Arzú para desaparecer la revista Crónica, así como de Sergio Arnoldo Camargo, general retirado ex funcionario del Estado Mayor Presidencial del gobierno de Vinicio Cerezo, tristemente célebre por haber ordenado el asesinato de Myrna Mack Chang.

Con su voto para imponer un dictamen negativo a la Ciciacs, confirmado en la reunión de la CDH del Congreso y la comisión de Gobernación, estos diputados concibieron un engendro antiderechos humanos.

Con ese dictamen, forzaron una posición adversa en el Legislativo y pusieron a Guatemala como un Estado fracasado, incapaz de cumplir con un compromiso internacional, que no era más que el pedido agónico de ayuda internacional para combatir un flagelo interno que corroe todas y cada una de las estructuras políticas y de seguridad.

Ahora, para revertirlo es menester que el Ejecutivo retome la iniciativa, honre la palabra empeñada, “combatir los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (CIACS)” y busque una salida legal y de consenso, a la trampa tendida por los propios CIACS.

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